La educación siempre ha sido clave para el desarrollo de cualquier nación. En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta grandes retos para conservar la seguridad en todas las esferas del desarrollo humano, situación palpable desde la desigualdad económica y pobreza; a la incorporación de políticas públicas para garantizar espacios libres de violencia y a la necesidad de involucramos a las acciones para prevenir y hacer frente al cambio climático, considerando sus implicaciones en la seguridad. Por lo que es necesario articular los sectores impulsores del desarrollo humano para lograr un estado de paz.

El gran reto para todo tipo de políticas de prevención del delito es evitar el incremento de acciones u omisiones que vulneren la integridad física y moral de las niñas, niños y adolescentes en el marco del artículo cuarto de la Constitucional y los demás a aplicables al Principio del interés superior de la niñez; la población en desarrollo enfrenta una realidad inquietante ante la inequidad social, cultural, educativa, política y económica que enfrentamos no solo como estado o nación, sino como humanidad. En razón de lo anterior, la educación, hoy más que nunca, funge como parteaguas para que una sociedad se desarrolle de “manera pacífica y de manera equitativa”, si nos enfocamos sólo desde una perspectiva de igualdad y no desde una perspectiva de equidad, sin revisar las causas y factores socioculturales, económicos, políticos y académicos que interactúan en nuestro país, la visión social sostendrá más un tema que otro y seguiremos fallando como sociedad para erradicar la violencia en cualquiera de sus representaciones. El fortalecimiento del tejido social requiere la articulación de cada sector estratégico en la misma sociedad para garantizar el cumplimiento de los artículos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzando por el núcleo familiar.

De acuerdo con los datos mostrados por la página DataMéxico de la Secretaría de Economía de México conforme a datos de 2020, en el rubro de empleo y educación, el 61.9% de la población de México entre 3 y 5 años asistió a la escuela, 92.7% de la población entre 6 y 14 años y 44.4% de la población entre 15 y 24 años; en el caso de Puebla asistió solo el 67.7%, por lo que el 32.3% de la población entre 15 y 24 años no tiene acceso a la educación formal (Economía, 2024); con estos datos notamos que aun prevalecen algunos obstáculos que impiden garantizar el acceso a la educación de manera igualitaria, tomemos en cuenta, que este derecho asegura a las juventudes el acceso a un trabajo digno y socialmente útil en su etapa adulta. Por lo consiguiente, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) basado en la información correspondiente al primer trimestre de 2024 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México se contaba con el registro, hasta ese momento, de 31 millones de personas jóvenes que oscilan entre los 15 a 29 años, representando al 23.8 % del total de la población, misma que corresponde a los 129.7 millones de personas. En cuanto a escolaridad de cada 100 personas jóvenes, 60 contaban con educación media superior; 37 tenían educación básica; 2, superior y la o el restante carecía de escolaridad (INEGI, 2024).

El grado de desigualdad entre los servicios educativos puede vincularse con el abandono escolar aunado con la pobreza; por otro lado, el acceso a una alimentación de calidad es fundamental para el desarrollo físico y cognitivo de la población estudiantil. Asimismo, la pobreza participa como factor para el incremento de las violencias con y desde la participación del alumnado en los espacios educativos impactando en sus espacios personales y sociales, consideremos que por lo general las y los jóvenes que se inmiscuyen en una actividad ilícita, se han desarrollado en ambientes socioculturales en los que se carece de una cultura de legalidad, cuando las normas no permiten un equilibrio social, los desacuerdos vulneran las libertades de la población.

En México la pobreza y la falta de educación son factores adversos que cuando interactuan pueden llegar a ser precursores de delitos y de conductas antisociales que comprometen el desarrollo de la humanidad. La aparición de ciertas conductas de manera cotidiana en los espacios educativos, reconocidas como acoso escolar (bullying), violencia en el noviazgo, violencia familiar, violencia sexual, violencia digital, entre otras que han derivado a prácticas mejor conocidas como retos virales, grooming, ciberbullying, entre otras, mismas que vulneran la integridad física y moral de quienes lo enfrentan, ya sea como personas agresoras y/o víctimas, recordemos que nos referimos a una población menor de 18 años, he aquí la importancia del tema y el por qué nos involucra a toda la sociedad.

Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en la etapa álgida del desarrollo cognitivo e intelectual para interactuar de manera activa en los sectores de cultura, ciencia, academia, empresarial y sociopolítico, por mencionar a algunos, integrando la cooperación entre las naciones a eliminar las causas sociales que generan violencia en todos los espacios.

Es una labor de justicia generar acciones que fortalecen la cultura de paz desde la educación y la capacitación continua, por representar la necesidad apremiante en todos los sectores de transformar la visión en favor de la resolución de conflictos a través del diálogo, para abordar de manera correcta los problemas caracterizados por la violencia que enfrentamos en la actualidad y nos rebasan. Como ejemplo de las acciones de fomento a la cultura de la paz que visibilizan y fomentan la importancia de la cultura de la denuncia, me permito mencionar que la aplicación de la Estrategia para Mejorar y Fortalecer la Convivencia Escolar(1)  impulsada por del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Educación para el ciclo escolar 2024-2025, permitió la incorporación de la información prioritaria para el reconocimiento de riesgos, sensibilización para la integración de valores desde un enfoque de igualdad y derechos humanos, además de brindar información para la denuncia ante cualquier hecho violento dentro del espacio escolar y todos los espacios de interacción social, incluyendo el sector familiar. El número de asesorías solicitadas, confirman la necesidad de responder las dudas de las familias que están enfrentando estas problemáticas, dudas del personal docente que ya lo identificó un riesgo, ante cualquier circunstancia o posición ¿qué hacer ante el fenómeno actual de la violencia presencial y digital? o ¿cómo detener la normalización de la violencia?, cualquier alternativa implica la sinergia de todos los actores sociales.

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales de la UNESCO de 1982 define la cultura como los distintos rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Abarca las artes, el estilo de vida, los derechos humanos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da forma a los individuos y a las sociedades, fomentando la unidad a través de valores y tradiciones compartidos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2024). La cultura de legalidad representa a un estado democrático caracterizado por garantizar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, se construye con el ejemplo, no se asume al cumplir la mayoría de edad, se vive y experimenta en el entorno social. Esta cultura asume la sinergia entre la ciudadanía sea cual sea la edad y papel en la sociedad, nuestra actualidad requiere asumir el fortalecimiento de la cultura de legalidad desde la niñez y la juventud.

La cultura de la legalidad implica varios niveles: en primer lugar, es necesario el conocimiento de la ley, comenzando por el marco constitucional; en segundo lugar, el respeto a la ley debe formar parte de la cultura, es decir, del actuar cotidiano de las personas y, finalmente, cuando se infringe una norma deben producirse las consecuencias previstas por ésta (Jurídicas, 2022). Ante este panorama, el objetivo actual para hacer frente a este tipo de problemática es la formación y educación a través de la capacitación continua de cada actor social, hagamos uso de los recursos humanos y tecnológicos para informar sobre los derechos humanos, los valores que sostienen a una sociedad y todas aquellas áreas de procuración de justicia. Impulsemos desde los espacios educativos políticas públicas para el reconocimiento y prevención de conductas ilícitas, actualicemos los protocolos de seguridad estudiantil y escolar basados en el reconocimiento de valores y principios como eje, que la mente educada sea la clave para prevenir cualquier tipo de riesgo, la cultura de la legalidad va de la mano con una cultura de paz.

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(1) El inicio de la Estrategia lo puede consultar a través de https://puebla.gob.mx/index.php/busqueda/item/16430-iniciara-sep-estrategia-para-mejorar-y-fortalecer-la-convivencia-escolar

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